"El hambre en el mundo es un escándalo, no una calamidad natural…” Ambroise Mazal, ONG francesa Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo (CCFD).
Conflictos existentes en la zona
A partir de 1996 la pobreza en Colombia se disparó y alcanzó un tope cercano a 57%, llegando a su máximo punto entre 1999 y 2002 (la pobreza rural llegó al 78.1% en 1998 y la urbana a 50.2% en 2002). En este último año, superaba el promedio de América Latina y el país era uno de los más desiguales de la región (en 1999 el coeficiente Gini - número entre cero y uno que mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso en una sociedad determinada- había alcanzado un valor de 0,6 y el 20% de la población más rica recibía EL 65,4% del ingreso total).
Estas condiciones de pobreza, los efectos de la violencia que afecta a todas las regiones del país con diferentes intensidades y efectos, sumado a las diversas vulnerabilidades que se presentan entre la población colombiana, ameritan respuestas contundentes que propendan por erradicar las causas del conflicto. Una de esas causas es el hambre, necesidad primaria que debe ser atendida si se quiere salvaguardar el derecho fundamental de la vida.
A consecuencia de lo anterior, son múltiples los grupos humanos que se han visto gravemente afectados en su capacidad de conservar y defender sus derechos, satisfacer sus necesidades y garantizar su camino a la igualdad, la libertad, el bienestar y la vida. Entre los grupos poblacionales con un alto grado de vulnerabilidad, se registran mujeres-madres cabeza de hogar, desplazados especialmente a causa de la violencia, discapacitados, vendedores ambulantes, huérfanos, recicladores, madres lactantes y gestantes, habitantes de calle, afrodescendientes, desmovilizados, personas en ejercicio de la prostitución, indígenas, campesinos, entre los más destacados.
En el año 2003 existían 221 millones de latinoamericanos en la línea de pobreza, de los cuales 97 millones no contaban con recursos suficientes para asegurar una canasta básica de alimentos.
Esta problemática y la de otras regiones del mundo, llevó a poner en la primera línea de los objetivos del Milenio fijados por Naciones Unidas para el 2015, la disminución del hambre y la pobreza; también originó otros movimientos como el del 30 de agosto de 2004, cuando Brasil, Chile y Francia y posteriormente España suscriben una declaración conjunta para combatir el fenómeno del hambre; así mismo, es la motivación para que en el 2005 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL y la Dirección Regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA) firmaran un convenio de tres años para describir y analizar las características del hambre y la desnutrición en los países de la Región, donde se incluyen la situación de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú como subregión.
Según cifras de este estudio, para el caso de Colombia:
7% de los niños colombianos presentan bajo peso para la edad (desnutrición global).
14% presentan baja talla para la edad (desnutrición crónica).
Con respecto a la meta del Milenio, para el 2002 Colombia retrocedió 8 puntos porcentuales en su realidad de cara a la lucha contra el hambre y la pobreza.
En el país la subnutrición no es un problema de insuficiencia agregada de productos, sino que está marcada por las desigualdades en el acceso a los mismos.
Colombia, al lado de Bolivia y Ecuador se registra entre los países que deberían redoblar sus esfuerzos en la política de seguridad alimentaria y nutricional para superar la desnutrición crónica, meta que al momento del estudio no superaba el 30 o 35%.
Considerando la distribución de la población, Colombia registra, con respecto a sus vecinos Perú, Ecuador y Bolivia, la proporción más alta de casos de desnutrición crónica urbana 60%.
Mapa de zonas más afectadas en colombia
LAS VULNERABILIDADES
Mujeres vulnerables
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) (efectuada en 2007 a más de 41.000 mujeres entre 13 y 49 años) el 66% de las mujeres que tienen pareja, afirman que sus compañeros ejercen situaciones de control y prohibición sobre ellas, el 26% manifiesta que su esposo se expresa de forma desobligante contra ellas, el 33% de mujeres que han mantenido o mantienen alguna relación de pareja afirmaron que han sido amenazadas por su esposo. La amenaza más frecuente es abandono 21% y quitar los hijos 18%; 16% amenaza con quitarle a la mujer el apoyo económico. Bogotá es la ciudad que presentan mayores índices de violencia contra la mujer, con respecto al país, con un 71%. Al lado de estas cifras, 39% de las mujeres encuestadas reportan haber sido agredidas por sus esposos, el 85% de ellas reportan secuelas físicas o emocionales de la agresión, adicionalmente solamente el 21% de las mujeres agredidas han recibido atención médica o acompañamiento especializado.
Estas y otras formas de violencia contra la mujer son una amenaza contra la estabilidad de las familias e inciden en la generación de violencias domésticas con impactos en la paz social. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reportó que en 2007 hubo denuncia de 36.704 mujeres maltratadas por su pareja, incluyendo a mujeres menores de 14 años.
El embarazo adolescente pasó del 19% al 21%, entre el año 2000 y el 2005 (ENDS de Salud Sexual y Reproductiva - Profamilia, 2005). Es decir que una de cada cinco adolescentes entre los 15 y 19 años de edad, está o ha estado alguna vez embarazada.
La tasa de niñas entre 10 y 14 que han tenido al menos un hijo está en ascenso, 2.72 x 1.000 en 2006 y 2.80 en 2007, con una incidencia mayor en zonas rurales y pueblos
Los niños y las niñas
El 5.7% de los niños menores de 6 años han sido diagnosticados con desnutrición, Según la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2007- los niveles de maltrato infantil son altos: el 41% acude a los golpes y el 22% a las palmadas.
Una investigación de la Secretaría de Integración Social encontró que en Bogotá existen 17.218 menores que son obligados por sus padres y familiares a trabajar. Por lo menos otros 7.013 menores están en riesgo de ser vinculados a algún trabajo. La mayoría no recibe sueldo y, generalmente, son obligados a realizar labores propias de los adultos.
Según cifras del DANE de 2005, 1´059.000 niños y adolescentes trabajaban, con o sin pago, en la producción de bienes y servicios. De ese total, 739.182 eran hombres (69.8%) y 319.000 mujeres (30.2%). Adicionalmente, otros 184 mil estaban buscando empleo.
El Estudio mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas de Naciones Unidas (Bogotá, abril de 2005) calcula que, a pesar del subregistro, en Colombia alrededor de 11.000 niños y niñas son víctimas de abuso sexual cada año. Esta cifra corresponde a un 2 ó 5 % de los casos, dado que hay muy poca denuncia y detección.
Las personas en situación de desplazamiento
Según el Gobierno los desplazados a abril de 2008 eran 2`501.000; 500.000 menos que los que señala el informe del 17 de junio de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). El Departamento de Planeación Nacional dice que de acuerdo con el censo oficial colombiano, hay un total de 562.296 hogares en situación de desarraigo. El 6% de la población colombiana, estimada en 44 millones de personas, lo que equivale a 2`500.000 personas. Pero Codhes considera que son más de 3,7 millones de colombianos los afectados.
El último caso masivo de desplazamiento se presentó a finales de mayo de 2008, cuando 134 indígenas Embera katío, entre ellos 91 menores de edad, dejaron su resguardo en las selvas de Chocó para llegar a Bogotá, situación que a la fecha ha tenido diversas intervenciones que en todo caso no alcanzan a responder a todas las situaciones que originan esta problemática.
1`100.000 menores de 18 años han sido desplazados en los últimos 15 años, de acuerdo con estudio de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Dentro del conflicto armado se calcula que podría haber entre 6.000 y 11.000 niños y niñas reclutados ilícitamente.
Según las estadísticas del último censo de población realizado por el DANE en el 2006, el 12% de niños y niñas colombianos menores de 5 años, el 12.6% entre 5 y 9 años, y el 16% de aquellos que tienen entre 10 y 17 años de edad sufren de problemas de desnutrición (siendo mayor la desnutrición crónica en las áreas urbanas). La cantidad de menores de 18 años que vivía en el 2003 en la pobreza aumentó de 12.1 millones a 12.9 millones, entre ellos se encuentran los menores en situación de calle.
Según estudios del Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional más de 200 mil niños y niñas menores de 6 años son víctimas del desplazamiento; así mismo el informe señala que el 54.3% de la población colombiana desplazada es menor de 20 años.
Las personas en situación de discapacidad
En Colombia, más del 6% de la población tiene alguna discapacidad (Censo de población del DANE, 2005). Todos ellos encuentran barreras que restringen su participación en la sociedad, que se refleja en los bajos niveles de escolaridad, la escasa formación técnica y profesional, la falta de oportunidades productivas y laborales, y las restricciones para el acceso a los servicios sociales. Esta situación convierte a la discapacidad en causa y efecto de la pobreza.
Por esta razón es necesario desarrollar estrategias que faciliten la participación ciudadana y el acceso a servicios en condiciones de equidad, que superen el asistencialismo y promuevan acciones para el desarrollo de las personas.
Los adultos mayores
En Colombia, el 9% de la población es mayor de 60 años, cifra que tiende a crecer - Censo de población del DANE, 2005). Nuestra sociedad ha relacionado a los adultos mayores con la dependencia, la enfermedad y la pérdida de productividad. Sin embargo, desde una perspectiva de derechos y creando condiciones para su inclusión social, es posible que mantengan su independencia y autonomía, y participen activamente en la sociedad.
Las situaciones antes descritas y las vulnerabilidades que amenazan el derecho de las personas a una vida digna, están a la base de esta propuesta liderada por la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá (FBAA) y que busca responder coherentemente ante situaciones que tienen su origen en la inseguridad alimentaria y en las dificultades de acceso a las mismas.